La Suprema Corte Examinará la Impugnación de un Militar por Homicidio de Civiles

El 7 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá la impugnación presentada por un militar condenado por el homicidio de un civil en 2012, un caso que involucra a miembros del Ejército Mexicano durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa en Jungapeo, Michoacán. Este artículo detalla los aspectos clave del caso, incluyendo la condena a los responsables y las alegaciones de violaciones al debido proceso.

Detalles del Caso

El caso, parte del amparo directo en revisión 3640/2025, será presentado por la ministra Lenia Batres Guadarrama. Un soldado de infantería es uno de los seis militares condenados por el homicidio calificado de un civil. La víctima fue secuestrada y torturada antes de ser asesinada. La ministra sugiere mantener la condena.

Los Hechos

Según el expediente judicial, el 6 de febrero de 2012, un contingente de al menos 10 militares se acercó al domicilio de la víctima en El Cerrito del Muerto, Jungapeo. Allí, ingresaron a la fuerza, sacaron a la víctima y la subieron a un vehículo oficial. Durante este operativo, otros dos civiles también fueron detenidos, golpeados y torturados antes de ser liberados.

Los militares llevaron a la víctima a un lugar aislado para interrogarla sobre supuestas actividades ilícitas en la región. Durante el interrogatorio, se utilizaron métodos de tortura extrema: el civil fue inmovilizado, se le tapó la cara y se le impidió respirar, hasta que finalmente un sargento estranguló al hombre. Un oficial de sanidad intentó reanimarlo sin éxito.

Después de cometer el homicidio, los militares quemaron el rostro de la víctima para dificultar su identificación y abandonaron el cuerpo en un barranco. La ropa fue desechada en otro lugar. El cuerpo fue encontrado el 7 de febrero de 2012; la autopsia reveló que la causa de muerte fue asfixia por estrangulación y dos días después, los familiares pudieron identificarlo.

Sentencias Impuestas

Por estos hechos, se impusieron condenas a seis militares. Un teniente fue sentenciado a 30 años y seis meses de prisión, un sargento a 36 años, tres meses y 16 días; un cabo de infantería a 31 años y tres meses; un soldado de sanidad a 23 años y tres meses; otro soldado de infantería a 22 años y seis meses; y un cabo de transmisiones a nueve meses, por ocultar el cadáver.

Alegaciones del Soldado de Infantería

El soldado de infantería impugnó su condena, alegando violaciones al debido proceso, argumentando que no se evaluaron adecuadamente las pruebas en su contra ni la imparcialidad del órgano investigador. Además, afirmó que no se aplicó correctamente el Protocolo de Minnesota, lo cual, según él, dificultó comprobar el delito de homicidio.

No obstante, un tribunal colegiado determinó que la sentencia era correcta y estaba bien fundamentada, excluyendo pruebas ilícitas y encontrando suficientes elementos que demostraban la responsabilidad penal sin violaciones a los derechos humanos.

Próximos Pasos en la Corte

Al revisar el caso, el proyecto de la ministra Batres sugiere que la SCJN declare improcedente la revisión debido a que se trataba de cuestiones meramente legales. También propone confirmar la sentencia sin adentrarse en los detalles del caso.

Conclusión

El caso de la ejecución extrajudicial de un civil por militares en 2012 es emblemático de las preocupaciones sobre el uso de la fuerza y el respeto por los derechos humanos en México. La decisión de la SCJN en enero será un paso crucial en el cierre de un caso que ha generado gran atención pública.

• La SCJN revisará la impugnación de un soldado condenado por homicidio el 7 de enero.
• El caso involucra tortura y ejecución de un civil en 2012 por parte del Ejército Mexicano.
• Seis militares han recibido sentencias por su participación en este acto.
• El proyecto de la ministra sugiere confirmar la sentencia sin examinar el fondo del caso.